El próximo jueves el Senado de la Nación debatirá una modificación de la Ley de Glaciares (26.639), en una sesión que promete fuertes cruces políticos y resistencia de sectores ambientalistas.
El Gobierno nacional impulsa cambios que redefinen la protección del ambiente periglacial con el objetivo de atraer inversiones vinculadas a la megaminería y al desarrollo hidrocarburífero.
La iniciativa será defendida por el bloque de La Libertad Avanza (LLA), que buscará modificar artículos centrales de la norma vigente para otorgar mayor potestad a las provincias sobre sus recursos naturales. El argumento se apoya en el artículo 124 de la Constitución Nacional, reformada en 1994, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias.
Qué cambia y por qué genera polémica
Desde el oficialismo sostienen que la normativa actual genera “inseguridad jurídica y parálisis de inversiones”, especialmente en regiones con potencial minero y energético. La propuesta apunta a restringir la protección exclusivamente a aquellos glaciares que cumplan una “función hídrica efectiva y estratégica”, permitiendo actividades productivas en áreas hoy consideradas protegidas.
El eje del debate radica en el alcance del concepto de “ambiente periglacial”, una categoría clave en la ley vigente que hoy limita proyectos de explotación minera en zonas de alta montaña.
Las provincias con fuerte potencial de litio y cobre, como San Juan, Catamarca y Jujuy, acompañan el planteo de mayor autonomía para decidir sobre la explotación de sus recursos.
El rechazo opositor
Los bloques opositores, en especial la mayoría del interbloque justicialista, rechazan la reforma al considerar que podría dejar sin efecto la prohibición de actividades que afecten la condición natural de glaciares y cuencas hídricas, consideradas reservas estratégicas de agua potable.
Para la oposición, la ley vigente prioriza la preservación del agua dulce destinada al consumo humano y al riego, un recurso vital en el contexto de crisis climática global. Argumentan que flexibilizar la normativa podría comprometer ecosistemas frágiles y el abastecimiento hídrico de poblaciones enteras.
Historia de un conflicto que divide provincias
El debate no es nuevo. Desde el año pasado se anticipaba que el proyecto sería tratado en sesiones extraordinarias. En ese contexto, varios senadores peronistas que representan provincias mineras quedaron bajo presión dentro de su propio bloque, obligados a equilibrar la defensa del ambiente con las demandas de desarrollo económico local.
El presidente del bloque justicialista, José Mayans, mantiene una postura crítica hacia la iniciativa del Ejecutivo y se alinea con sectores que buscan reforzar la protección de los recursos hídricos.
Entre las propuestas alternativas figura la actualización periódica del Inventario Nacional de Glaciares, con monitoreo científico constante, y la reafirmación de que la protección de estas reservas constituye una cuestión de soberanía y de derechos de las comunidades que dependen de ellas.
Desarrollo o preservación: el dilema
El oficialismo plantea que la modificación permitiría dinamizar inversiones en minería y energía, generando empleo y divisas. La oposición advierte que cualquier flexibilización puede comprometer reservas estratégicas de agua dulce en un escenario marcado por el avance del cambio climático.
El debate del jueves no solo pondrá en juego una ley ambiental, sino también el modelo de desarrollo que el país pretende impulsar: uno centrado en la explotación intensiva de recursos naturales o uno que priorice la preservación de ecosistemas clave para las generaciones futuras.