La Provincia presentó un programa integral para aliviar el peso de los créditos sobre los ingresos. Incluye refinanciación de deudas, límites a los descuentos salariales y nuevas líneas de financiamiento.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, presentó el Plan de Protección de los Ingresos, una batería de medidas orientadas a trabajadores públicos y privados, autónomos y jubilados que enfrentan dificultades por el peso del endeudamiento.
La iniciativa, que comenzará a implementarse en los próximos días, tiene como objetivo principal aliviar la carga financiera de los hogares, mejorar el ingreso disponible y ordenar el sistema de créditos, en un contexto económico marcado por la caída del consumo y el aumento de la morosidad.
Durante la presentación, la vocera del Ejecutivo, Virginia Coudannes, junto al ministro de Economía, Pablo Olivares, y la secretaria de Función Pública, Malena Azario, detallaron los alcances del programa.
“Se trata de una experiencia inédita en el país y en Santa Fe”, afirmó Coudannes, quien explicó que el plan busca acompañar a las familias que ven deteriorado su poder adquisitivo por descuentos derivados de créditos. “Venimos a ofrecer una alternativa que permita recuperar margen en el ingreso disponible”, sostuvo.
Según datos oficiales, la morosidad en el sistema financiero tradicional pasó del 10,6 % en enero al 11,2 % en febrero, mientras que en los créditos no bancarios —como fintech y billeteras digitales— alcanzó el 29,9 %.
En la provincia, el 33 % de los empleados estatales registra descuentos por créditos en sus haberes, y unos 12.000 superan el 25 % de afectación salarial. A este universo se suman cerca de 7.000 jubilados y unos 60.000 trabajadores privados y autónomos en situación similar.
“El contexto macroeconómico muestra señales mixtas. Hay aspectos positivos, pero también efectos colaterales, y este es uno de ellos”, explicó Olivares.
El programa se estructura en cuatro pilares centrales:
- Reordenamiento del sistema de descuentos: se realizará un reempadronamiento de entidades dentro del sistema CUAD (Cuentas Unificadas de Aportes y Descuentos).
- Nuevo tope de afectación salarial: los descuentos no podrán superar el 25 % del ingreso, reduciendo el límite actual del 50 %.
- Refinanciación de deudas: las obligaciones vigentes se adaptarán al nuevo esquema, con posibilidad de renegociar tasas o transferir deudas a otras entidades. Si no hay acuerdo, el Estado podrá intervenir con financiamiento a tasa cero.
- Créditos para consolidación: se habilitarán préstamos con tasas más bajas, plazos de hasta 60 cuotas y dos meses de gracia, para unificar deudas en un solo compromiso.
Quienes accedan a estas líneas no podrán tomar nuevos créditos por descuento hasta cancelar el préstamo.
El plan también contempla medidas específicas para trabajadores privados y autónomos. Entre ellas, se destaca una línea del Banco de Santa Fe para cancelar deudas a largo plazo —hasta cinco años— con tasas inferiores al promedio del mercado.
Además, se prevé la articulación con cámaras empresariales para promover programas sectoriales de desendeudamiento y la convocatoria a entidades financieras para ampliar la oferta de créditos de consolidación.
Por su parte, el Banco Solidario activará herramientas orientadas a sectores con ingresos irregulares, que suelen tener mayores dificultades para acceder al crédito formal.
Cómo acceder
Los empleados públicos y jubilados podrán iniciar el trámite de manera digital a través del portal oficial de la provincia, utilizando su ID Ciudadana. En tanto, los trabajadores privados y autónomos deberán gestionar el acceso a través de las plataformas de las entidades financieras correspondientes, con seguimiento del Gobierno.
El plan apunta a descomprimir una de las principales tensiones actuales: el sobreendeudamiento de los hogares. En un escenario donde el salario pierde poder frente a la inflación y el crédito se encarece, la intervención del Estado busca evitar un deterioro mayor del consumo y de la calidad de vida.
La clave estará en la implementación efectiva y en la capacidad del programa para generar alivio real en el corto plazo, sin comprometer la sostenibilidad financiera a futuro.