El Gobierno de Santa Fe alertó sobre la gravedad de los recientes episodios de amenazas en establecimientos educativos y pidió a las familias reforzar el diálogo en los hogares.
En una sola jornada se registraron 65 incidencias vinculadas a mensajes intimidatorios, pintadas y carteles que simulaban tiroteos. “No se trata de una broma, se trata de un delito”, remarcaron las autoridades.
Prevención y rol de las familias
En conferencia de prensa, la vocera provincial Virginia Coudannes, junto a los ministros José Goity (Educación) y Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad), instaron a la comunidad educativa a asumir un rol activo en la prevención. Se pidió a directivos, docentes y estudiantes abordar el tema en las aulas e incorporarlo como falta gravísima en los acuerdos de convivencia escolar.
Goity señaló que las amenazas, muchas vinculadas a desafíos virales, alteran el funcionamiento normal de las escuelas y generan angustia social. Además, destacó la necesidad de construir una alianza entre escuela, familias, sociedad y Estado, y mencionó programas de educación digital y rondas de convivencia como herramientas para enfrentar el problema.
Consecuencias legales y económicas
Cococcioni precisó que el viernes pasado se registraron 65 casos en toda la provincia, lo que activó protocolos de intervención. Subrayó que las amenazas constituyen el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal, con penas de prisión. Incluso cuando intervienen menores no punibles, las actuaciones dejan antecedentes que pueden afectar el futuro de los responsables.
El ministro advirtió que cada operativo implica un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos y anunció que el Gobierno reclamará judicialmente el resarcimiento económico a los responsables identificados. “Vamos a perseguir el cobro de esos costos”, afirmó.
Un llamado a la responsabilidad
Las autoridades remarcaron que estas conductas no solo tienen consecuencias legales, sino también sociales y económicas, al desviar recursos policiales de otras tareas de seguridad. El Gobierno convocó a las familias a hablar con sus hijos y reforzar la prevención, recordando que las amenazas en las escuelas no son un juego, sino un delito que impacta en toda la sociedad.