La Provincia retiró unidades de 19 depósitos desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro. En Rosario comenzó una nueva etapa del operativo, que contempla la revisión de cada vehículo para definir si debe conservarse, subastarse, donarse o compactarse.
El Gobierno de Santa Fe inició una nueva etapa de compactación de vehículos en el depósito de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), ubicado en Tarragona 750 bis, en Rosario. Con este operativo, la Provincia informó que ya compactó 1.000 móviles policiales en desuso y más de 35.000 vehículos secuestrados.
Las tareas forman parte de un plan de ordenamiento de comisarías y depósitos judiciales que, desde el comienzo de la gestión de Maximiliano Pullaro, permitió retirar unidades de 19 depósitos provinciales. La jornada en Rosario fue supervisada por el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, y el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino.
Cómo se decide el destino de cada vehículo
Figueroa Escauriza explicó que cada vehículo secuestrado se incorpora a un registro digital interno de la Provincia. El sistema permite consultar en tiempo real qué unidades ingresaron en distintos puntos del territorio y determinar cuáles deben preservarse.
La Aprad, junto con la Dirección de Compactaciones y el Ministerio de Justicia y Seguridad, evalúa el destino de los vehículos. Las unidades que reúnen las condiciones pueden incluirse en subastas públicas o destinarse a donaciones, por ejemplo, a escuelas técnicas. Las que quedaron totalmente en desuso se envían a compactación.
El funcionario señaló que el trabajo conjunto entre las áreas de Gobierno y Seguridad permite ordenar los depósitos y las comisarías y mejorar la gestión de los vehículos desde el momento del secuestro.
El ordenamiento de la flota policial
Orciani destacó que la compactación de los 1.000 móviles fuera de servicio libera espacio en predios destinados a la seguridad. Según explicó, la acumulación de chatarra generaba dificultades logísticas y problemas de salud pública en esos lugares.
La funcionaria vinculó el operativo con el plan provincial de seguridad pública, que incluye el ordenamiento y la modernización de la flota policial.
