El Senado analiza una reforma que permitiría desalojos más rápidos en casos de usurpaciones y mora en alquileres, con nuevos plazos y procedimientos para propietarios e inquilinos.
El Senado de la Nación debatirá un proyecto de ley que introduce cambios en la legislación sobre propiedad privada, con el objetivo de acelerar los procesos de desalojo en casos de usurpaciones e incumplimientos contractuales. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, llega al recinto con una versión reducida luego de que se eliminaran algunos capítulos que habían generado diferencias entre los bloques legislativos.
El eje central de la propuesta es la creación de un procedimiento judicial más rápido para restituir inmuebles ocupados de manera ilegal. Según el proyecto, cuando un propietario acredite documentalmente su derecho sobre una vivienda, terreno o campo, el juez podrá ordenar la devolución del bien en un plazo de hasta 72 horas, siempre que considere verosímil el reclamo y exista una caución juratoria.
En el caso de los alquileres, la reforma también establece un nuevo mecanismo para los inquilinos con deudas. Antes de iniciar una demanda de desalojo, el propietario deberá intimar formalmente al locatario mediante carta documento o correo electrónico, otorgándole un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la situación. Si el incumplimiento continúa, podrá iniciarse un proceso judicial abreviado que prevé el desalojo en un plazo de 10 días hábiles.
El texto que llegará al recinto ya no incluye los artículos vinculados a la flexibilización de la venta de tierras a extranjeros ni las modificaciones sobre barrios populares, puntos que fueron retirados para facilitar el consenso parlamentario. Sin embargo, mantiene otros cambios relacionados con la protección de la propiedad privada y aspectos de la Ley de Manejo del Fuego.
El Gobierno sostiene que la iniciativa busca brindar mayor seguridad jurídica a propietarios y acelerar procesos que actualmente pueden extenderse durante años. En cambio, sectores de la oposición y organizaciones vinculadas al derecho a la vivienda advierten que la reducción de los plazos podría afectar las garantías procesales de algunos ocupantes e inquilinos.
El resultado de la votación será determinante para definir si el proyecto avanza hacia una nueva etapa legislativa y modifica de manera significativa el régimen de desalojos vigente en la Argentina.