El Ministerio Público de la Acusación analizará la actuación de la fiscal que ordenó la liberación de Matías Belloso, hijo del presidente de Rosario Central, tras un procedimiento en el que se secuestró un arma de fuego. La causa fue reasignada a otro fiscal.
La decisión de liberar a Matías Belloso, hijo del presidente de Rosario Central, tras un procedimiento policial en el que se secuestró un arma de fuego, quedó bajo análisis del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La Auditoría General de Gestión evaluará la actuación de la fiscal Raquel Almada, mientras que la investigación ya fue reasignada al fiscal Fernando Dalmau.
El hecho ocurrió a fines de junio en Granadero Baigorria, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de personas presuntamente armadas que habrían intentado ingresar a una vivienda. Durante el operativo, efectivos policiales interceptaron un Peugeot 208 en el que viajaban cuatro jóvenes y, tras una requisa, encontraron un revólver calibre .22 largo oculto debajo de uno de los asientos. Todos fueron demorados inicialmente.
Horas después, la fiscal Almada dispuso la liberación de los cuatro ocupantes y solo imputó a uno de ellos por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil. Matías Belloso no fue imputado ni quedó formalmente vinculado a la causa, una resolución que generó cuestionamientos dentro del ámbito judicial.
Como consecuencia de esa decisión, el expediente pasó a manos del fiscal Fernando Dalmau y la Auditoría General de Gestión revisará si la actuación de la fiscal se ajustó a los protocolos establecidos. Además, el jefe de fiscales de Rosario emitió una circular interna para unificar los criterios de actuación en casos de flagrancia relacionados con la tenencia o portación ilegal de armas de fuego, reforzando las medidas que deberán adoptarse en este tipo de investigaciones.
Otro elemento que incrementó la repercusión del caso fue la presencia entre los ocupantes del vehículo de Fausto Carbajo, mencionado en otras investigaciones por presuntos vínculos con apuestas clandestinas y por una causa iniciada tras una denuncia del futbolista Jonatan Gómez. Esa circunstancia también forma parte del contexto que ahora analiza la Justicia provincial.
La revisión administrativa no implica una sanción automática para la fiscal, sino un proceso destinado a determinar si las decisiones adoptadas durante la investigación respetaron los criterios y procedimientos previstos por el Ministerio Público de la Acusación.