En Quilmes Oeste, Jorge Adolfo Ríos (71) fue despertado de madrugada, a golpes de destornillador, por cinco jóvenes ladrones exigiéndole dinero. El jubilado buscó su pistola 9 mm y los ahuyentó a disparos; a uno de ellos, Franco “Piolo” Moreyra (26) lo terminó matando… a 60 metros del domicilio, luego de perseguirlo. Al del quilmeño le siguió un episodio similar, en Mar del Plata: Néstor Génova (81), recibió con un escopetazo a Lucas Jerez (27), que se le quiso meter por el ventiluz de un baño.
Y en Granadero Baigorria, a Horacio López (74) le entraron tres adolescentes que, a palazos y machetazos, le abrieron la cabeza para robarle. Uno de la banda, de 16 años y residente de Ibarlucea, fue reducido a golpes por sus vecinos para entregarlo; accionar que recuerda a la serie de linchamientos de 2014, donde Rosario tuvo un papel destacado.
Porque de eso se trata: a un Estado que no da garantías penales ni económicas, sumémosle el pánico de la pandemia. ¿Resultado? El instinto de preservación de los sectores más vulnerados manifestándose de la peor forma.
Desde siempre, el de los jubilados es de nuestros grupos sociales más golpeados. Políticas económicas y de salud que rozan lo infrahumano, ahora agravadas por una crisis sanitaria donde tienen el mayor porcentaje de riesgo. Un cóctel al que se le agrega la infaltable problemática de la inseguridad. Ante tal desidia estatal (desde las autoridades hasta el ciudadano de a pie) ¿se le puede culpar a un jubilado (y a cualquier otro/a) reaccionar con violencia, tras años de abandono, incertidumbre y frustración?
Mucho se habla del deber cívico de recurrir a la Justicia en vez de convertirse uno/a en juez, jurado y verdugo, pero… ¿esa misma Justicia de policías, fiscales y jueces, no pocas veces, corruptos y/o parciales hasta la médula? En un país donde hubo cuatro dictaduras cívico-militares, la desconfianza en las instituciones y fuerzas de seguridad es natural, y el accionar de éstas en democracia no está ni cerca de desinstalar dicha idea.
Si hay un tópico en la mayoría de hechos policiales de Argentina, es que sus perpetradores suelen ser reincidentes. Moreyra, de hecho, pertenecía a la barra brava (asociaciones impunes si las hay) del Quilmes A.C., y había estado involucrado en el asesinato grupal de un adolescente a la salida de un boliche, en 2014. Sin embargo, la idea no es justificar ni demonizar a unos u otros.
Luis Vicat, abogado y excomisario de la Policía Bonaerense, considera que el delito se ha tornado más violento debido al resentimiento social. Resentimiento palpable en sectores, además del de los jubilados, que se sienten desprotegidos en favor de un Estado garantista sólo para “los malvivientes”, y que la histeria colectiva por la cuarentena (y su impacto económico) no hace más que empeorar.
Pero, del “otro” lado, también hay un rencor cada vez más creciente, alimentado por una crianza en un contexto de miseria, crimen y discriminación por parte de esos primeros sectores, fruto de décadas de corrupción y negligencia gubernamental. Y cuando los delincuentes, cada vez más jóvenes, delinquen, su encarcelación sólo multiplica ese rencor. Porque, en Argentina, la cárcel no busca reinsertar al preso en la sociedad, sino hacinarlo aún más.
De hecho, sólo el 21% de los detenidos en las cárceles argentinas recibe capacitación laboral. En cuanto a los menores, 1 de cada 3 llegó a vivir en la calle, el 50% ha consumido drogas duras, y un 25% fue padre prematuro, entre otros datos escalofriantes que, en 2018, arrojó una encuesta de Unicef a adolescentes del país en conflictos con la ley.
El choque entre ambas realidades, en última instancia, con la misma raíz, no dejará de darse hasta que haya un verdadero cambio político, social y cultural.
Firma: Julián Romano.
