En medio del debate por la posible modificación de la Ley de Glaciares, vuelve a escena una pregunta estructural: cuando se explota un recurso minero en Argentina, quién se queda con la renta y cuánto vuelve al territorio?
La discusión no es abstracta. Toca tres ejes sensibles: glaciares, agua y licencia social. Sin consenso en esos puntos, ningún proyecto logra estabilidad política ni previsibilidad económica.
El esquema argentino: provincias dueñas, Nación recaudadora
Desde la reforma constitucional de 1994, el artículo 124 establece que las provincias son dueñas originarias de los recursos naturales. Es decir, el litio en Jujuy, el cobre en San Juan o el oro en Santa Cruz pertenecen jurídicamente a esas provincias.
Sin embargo, el reparto económico tiene otra lógica.
Lo que reciben las provincias
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Regalías mineras de hasta el 3% sobre el valor “boca de mina”, según la Ley de Inversiones Mineras.
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Canon minero anual por concesión.
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Ingresos Brutos y tasas locales.
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Impacto en empleo y proveedores regionales.
El punto crítico es que el 3% se calcula antes de procesos de industrialización y con deducciones, por lo que muchos gobernadores consideran que la compensación es baja frente al volumen real del negocio.
Lo que recibe la Nación
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Impuesto a las Ganancias.
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IVA.
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Aportes y contribuciones laborales.
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Derechos de exportación (que han variado según el contexto macroeconómico).
En la práctica, la mayor parte de la recaudación tributaria queda en el nivel nacional, aunque el recurso esté en territorio provincial.
Ahí nace la tensión federal.
Chile: royalty progresivo y captura de renta
Chile reformó su esquema minero y adoptó un royalty mixto:
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Un componente del 1% sobre ventas para grandes explotadores.
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Un componente progresivo de entre 8% y 26% según rentabilidad operacional.
El diseño busca algo claro: cuando el precio internacional sube, el Estado captura mayor renta. Cuando baja, el impacto fiscal se reduce.
Es un sistema más sensible al ciclo de precios y a la rentabilidad real.
Perú: regalía sobre utilidades y canon regional
Perú combina dos herramientas:
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Regalía calculada sobre utilidad operativa.
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El llamado Canon Minero, que redistribuye el 50% del Impuesto a la Renta pagado por empresas mineras hacia gobiernos regionales y municipales.
Es decir, no solo se cobra: se garantiza que una parte significativa vuelva al territorio donde se extrae el recurso.
Glaciares, agua y licencia social
En Argentina, el debate no es solo económico. La Ley de Glaciares protege reservas estratégicas de agua dulce, en un contexto de cambio climático y creciente estrés hídrico.
Cuando las comunidades perciben que:
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El riesgo ambiental es alto,
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El agua puede verse comprometida,
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Y la renta no queda en la región,
la llamada licencia social se debilita.
Y sin licencia social, ningún proyecto minero es sostenible en el tiempo, por más atractivo que sea el precio internacional del litio o el cobre.