La Provincia de Santa Fe intensifica la fiscalización de la Tarifa Social tras detectar abusos millonarios.
La provincia de Santa Fe ha detectado abusos y consumos desmedidos por parte de usuarios inscriptos en el registro de Tarifa Social, lo que generó subsidios millonarios que debió afrontar el Estado. Como resultado, el Gobierno provincial dio de baja a 1.506 usuarios que tuvieron consumos por encima de los 2.000 kw, cuando el consumo promedio de un hogar ronda los 700 u 800 kw.
En algunos de los casos más graves, 21 usuarios consumieron hasta 7.000 kw, lo que generó facturas de más de 17 millones de pesos. De esos 17 millones, los usuarios solo abonaron menos de 3 millones, y el Estado cubrió el resto, es decir, más de 14 millones.
Reacción del Gobierno y la EPE
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, expresó:
"Es inadmisible que se continúe con este esquema. El beneficio está pensado para acompañar a las familias que más lo necesitan. No vamos a permitir que unos pocos vivos perjudiquen a la Empresa Provincial de la Energía y a quienes realmente lo necesitan."
Los controles de la Tarifa Social han revelado que, en total, 258 usuarios superaron los 3.000 kilovatios, mientras que 4 casos en Rosario excedieron los 6.000 kw. El subsidio estatal para los 82 casos con mayor consumo ascendió a más de 52 millones de pesos, mientras que los usuarios solo abonaron 6 millones.
El caso Rosario y otros puntos críticos
En Rosario, se identificaron 78 casos de usuarios con consumos superiores a 3.000 kw, que demandaron subsidios por más de 21 millones de pesos. El caso más grave ocurrió en el barrio Belgrano, donde un usuario consumió 7.020 kw, generando una factura de 521.442 pesos, cubierta por el Estado.
En Funes, un usuario con Tarifa Social consumió 3.897 kw, generando una factura de 880.367 pesos, de la cual solo abonó 19.673 pesos. El Estado provincial tuvo que cubrir 860.693 pesos. En ese mismo complejo, otros dos familiares consumieron un total de 10.011 kw, con facturas de 2.272.143 pesos, de los cuales abonaron 77.183 pesos, dejando que el Ejecutivo cubriera 2.194.959 pesos.
Medidas del Gobierno para evitar abusos
La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro ha dispuesto un control más estricto sobre la Tarifa Social con auditorías permanentes y un sistema de modernización en la EPE. El objetivo es ordenar la administración, garantizar la transparencia y asegurar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan, evitando abusos.
El futuro de la Tarifa Social
En un paso hacia un monitoreo más preciso, se ha avanzado en la compra de 75.000 telemedidores que permitirán el seguimiento en tiempo real de los consumos de los usuarios, lo que mejorará la precisión en la distribución de los recursos.
Anahí Rodríguez, presidenta de la EPE, declaró:
"Vamos a redoblar los controles y aplicar todas las medidas necesarias para que la Tarifa Social vuelva a ser lo que debe: un apoyo para los hogares vulnerables, no un subsidio encubierto para consumos excesivos".
Redacción Rosario Norte