Mientras el gobierno nacional celebra ciertos logros macroeconómicos, en Rosario y el norte santafesino la recesión, la pérdida del poder adquisitivo y la caída de la actividad golpean fuerte. ¿Hasta dónde aguanta el tejido productivo y social?
En medio de un proceso de ajuste sin anestesia, la economía argentina transita un sendero incierto. Desde la asunción del nuevo gobierno en diciembre de 2023, las medidas implementadas apuntan a una estabilización agresiva: superávit fiscal, recorte del gasto, liberalización parcial del tipo de cambio y fin de los subsidios energéticos y al transporte. Y si bien algunas variables comienzan a mostrar señales positivas, como la desaceleración de la inflación y la acumulación de reservas, el impacto en las economías regionales es profundo y tangible.
Rosario y el norte santafesino no son ajenos a esta realidad. La retracción del consumo se percibe en los comercios, en la baja de ventas en supermercados y en la quietud de los centros urbanos. La industria local —metalúrgica, alimenticia, autopartista— atraviesa meses complejos: suspensiones, baja en la producción y, en algunos casos, cierre de turnos. Las PyMEs enfrentan tarifas dolarizadas y una demanda que se achica día a día.
El sector agropecuario, motor de la región, tampoco escapa a la turbulencia. Si bien se beneficiaron con la quita de retenciones y un tipo de cambio más competitivo, los productores lidian con una cosecha afectada por la sequía y precios internacionales en baja. El impacto en pueblos del interior santafesino es directo: cuando el campo se frena, se frena todo lo demás.
Desde el Gobierno nacional se insiste con la idea de “ordenar primero para crecer después”. La consigna, aunque coherente en términos macroeconómicos, no logra aliviar el malestar que se percibe en la calle. A la baja del salario real se le suma la incertidumbre laboral, el aumento en el transporte y los servicios, y un Estado que se retira de muchas funciones esenciales.
En Rosario, los indicadores sociales ya reflejan esta tensión: aumento de la demanda en comedores comunitarios, más personas en situación de calle y una presión creciente sobre organizaciones sociales y religiosas que intentan sostener lo que el Estado empieza a dejar de cubrir. La inseguridad también se ve alimentada por esta combinación de pobreza y falta de horizonte.
El problema no es sólo económico, sino también político y social. Un modelo que no logre generar confianza en los sectores productivos y alivio en los más vulnerables corre el riesgo de entrar en un callejón sin salida. La historia argentina es clara en este punto: sin consenso mínimo, sin cierta equidad, los planes de estabilización fracasan o terminan por destruir el entramado social.
Para Santa Fe, y en especial para el Gran Rosario, la pregunta es urgente: ¿cómo sostener la actividad industrial y comercial con tasas de interés prohibitivas, caída del consumo interno y un Estado nacional que ajusta sin red? ¿Cómo atraer inversiones sin previsibilidad jurídica ni reglas claras de juego?
El país necesita más que equilibrio fiscal: necesita desarrollo federal, inclusión social y un modelo productivo a largo plazo. No se trata de negar la gravedad del déficit ni la necesidad de ordenar las cuentas, pero el costo de hacerlo sin una estrategia de crecimiento puede ser demasiado alto, sobre todo en regiones como la nuestra.
El gobierno aún tiene tiempo de construir puentes, de abrir canales de diálogo con gobernadores, intendentes, empresarios y sindicatos. Porque sin una mirada que contemple las realidades regionales, sin entender que Rosario no es lo mismo que la Ciudad de Buenos Aires, cualquier receta económica corre el riesgo de volverse ajena, injusta y, en última instancia, inviable.
Argentina está frente al espejo. Y lo que ve es un país con potencial, pero también con heridas abiertas. Que ese reflejo sirva para repensar no solo la macro, sino también el destino compartido. En Rosario y en todo el país.