El Gobierno de Santa Fe reclamó elevar el corte obligatorio de biodiésel, atraer inversiones y dar mayor previsibilidad al sector. “No pedimos privilegios, sino reglas claras para crecer”, afirmó Gustavo Puccini.
El Gobierno de Santa Fe salió a marcar postura frente al proyecto nacional de Ley de Biocombustibles que actualmente se debate en el Senado y pidió introducir modificaciones clave para potenciar la producción, ampliar inversiones y fortalecer el perfil exportador de la provincia. Desde el Ejecutivo santafesino advirtieron que el nuevo escenario internacional abre una oportunidad histórica para las energías renovables y aseguraron que “es la hora de encender todo el potencial” industrial de Santa Fe.
La posición oficial fue encabezada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien respaldó la idea de avanzar hacia un esquema con mayor competencia y menos regulaciones, aunque cuestionó algunos puntos centrales del proyecto impulsado a nivel nacional.
“El contexto global, atravesado por conflictos geopolíticos y la volatilidad del petróleo, volvió mucho más competitivos a los combustibles renovables. Santa Fe tiene toda la cadena productiva instalada y no podemos resignarnos a tener plantas cerradas”, sostuvo el funcionario.
Desde la Provincia consideran que el biodiésel no solo representa una alternativa energética sustentable, sino también una herramienta estratégica para la economía argentina, ya que permite reducir importaciones de gasoil, ahorrar divisas, sostener empleo industrial y fortalecer economías regionales ligadas al complejo agroindustrial.
Uno de los principales cuestionamientos del Gobierno santafesino apunta a la diferencia de trato entre el bioetanol y el biodiésel dentro del proyecto nacional. Mientras la iniciativa prevé elevar al 15 % el corte obligatorio de bioetanol en naftas (E15), mantiene el biodiésel en apenas un 10 % (B10).
Para la Provincia, esa diferencia “carece de sustento técnico” y limita tanto la capacidad instalada como las posibilidades de expansión del sector. Por eso, Santa Fe propone elevar inmediatamente el corte obligatorio al 15 % (B15) y avanzar gradualmente hacia un esquema B20, siguiendo modelos internacionales como el de Brasil, que ya proyecta llegar al 20 % para 2030.
Además, el Gobierno provincial planteó otras modificaciones estratégicas al proyecto nacional. Entre ellas, reservar una parte del mercado para productores independientes con el objetivo de evitar concentración económica; limitar la discrecionalidad estatal sobre eventuales cambios en los porcentajes obligatorios; incorporar beneficios del RIGI a proyectos vinculados con combustibles de nueva generación e hidrógeno verde; y garantizar reglas transparentes para el acceso a materias primas como aceite de soja y metanol.
“No venimos a pedir privilegios ni mercados administrados. Pedimos reglas claras para crecer, producir más y generar empleo”, remarcó Puccini, quien insistió en que Santa Fe tiene capacidad para transformarse en uno de los polos energéticos renovables más importantes del país.
El debate por la nueva Ley de Biocombustibles aparece así como una discusión clave no solo para el futuro energético argentino, sino también para provincias productivas como Santa Fe, donde el complejo agroindustrial y las industrias vinculadas al biodiésel representan una parte central de la economía regional.