Piden restringir redes sociales a menores tras el crimen de Ian Cabrera

Piden restringir redes sociales a menores tras el crimen de Ian Cabrera

La fiscal general advirtió que detectaron perfiles que “glorificaban” al atacante y alertó sobre el uso de plataformas digitales como canal de odio.

La fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, volvió a encender el debate sobre el uso de redes sociales por parte de menores tras el crimen de Ian Cabrera, ocurrido la semana pasada en un contexto escolar que conmocionó a la región.

Durante la presentación de su informe de gestión, la funcionaria sostuvo que una de las líneas de investigación más preocupantes fue el comportamiento digital posterior al ataque. Según explicó, el Ministerio Público de la Acusación debió intervenir para solicitar la eliminación de múltiples perfiles en redes sociales que “glorificaban” al autor del tiroteo.

“El fin es volcar el odio y es solamente eso”, advirtió Vranicich, al referirse al contenido detectado en plataformas digitales.

La fiscal fue contundente al plantear la necesidad de avanzar en regulaciones más estrictas. En ese sentido, insistió en limitar e incluso prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años, argumentando que estos espacios pueden transformarse en amplificadores de violencia, discursos extremos y conductas imitativas.

Desde la investigación judicial remarcaron que no solo se analiza el entorno del agresor, sino también el ecosistema digital que rodeó el hecho, incluyendo interacciones, publicaciones y posibles influencias externas.

El planteo abre una discusión más amplia sobre el rol del Estado, las familias y las plataformas tecnológicas frente a la exposición temprana de adolescentes a contenidos sensibles.

Especialistas en seguridad y salud mental advierten que, en determinados contextos, la sobreexposición a discursos violentos o la búsqueda de notoriedad en redes puede actuar como factor de riesgo, especialmente en jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Mientras avanza la investigación judicial, el caso vuelve a poner en agenda una problemática creciente: el impacto de lo digital en la construcción de conductas en edades tempranas y la necesidad de establecer límites claros.