Participan personas de todo el país en el remate que se realizará en Rosario.
El Gobierno de la provincia de Santa Fe confirmó una convocatoria histórica para la próxima subasta de bienes incautados al delito: un total de 5.411 personas de todo el país se inscribieron para participar del remate, que se llevará a cabo el 16 de abril en Rosario.
El proceso es organizado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y marca el mayor número de inscriptos desde que se implementó esta política pública. La convocatoria tuvo carácter federal, con participantes de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó que el alto nivel de inscripción refleja “la confianza de la ciudadanía en un proceso transparente, público y accesible”, consolidado durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Además, remarcó que cada bien subastado “vuelve a la sociedad convertido en recursos útiles para todos los santafesinos”.
En esta edición se ofrecerán 150 lotes que incluyen un avión, autos, motos y otros bienes secuestrados en causas judiciales. Como parte del proceso, los participantes fueron previamente registrados de manera online y ahora sus datos serán cruzados con el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Policía de Investigaciones para garantizar que no tengan vínculos con organizaciones criminales.
Uno de los aspectos clave del sistema es la seguridad jurídica: en el caso de los vehículos, se realiza el bloqueo de dominio y el cambio de patente, eliminando cualquier vínculo con sus titulares anteriores. Esto busca brindar mayor tranquilidad a quienes participan de la subasta.
Será la quinta edición desde el inicio de la actual gestión provincial. En las cuatro anteriores, el Estado santafesino logró recaudar más de 3.500 millones de pesos, consolidando una política que transforma bienes provenientes del delito en recursos para la comunidad.
La Aprad, organismo encargado del proceso, administra bienes incautados en causas judiciales con el objetivo de darles utilidad social. Dependiendo del caso, pueden ser reutilizados por fuerzas de seguridad, instituciones públicas o entidades sociales, o bien ser subastados para generar ingresos que se reinvierten en la provincia.
Con cifras récord de participación, la iniciativa reafirma el interés creciente de la sociedad y el avance de un modelo de gestión que busca mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.