El presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto clave denominado “Ley de Compromiso de Estabilidad Fiscal y Monetaria”, que apunta a blindar las cuentas públicas y evitar que se sancionen normas sin financiamiento garantizado.
La iniciativa, que ingresó junto al Presupuesto 2026, introduce disposiciones de alto impacto político y económico, incluyendo penas de prisión de hasta seis años para funcionarios que apliquen leyes que violen estas reglas.
Puntos centrales del proyecto
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Prohibición de déficit en el presupuesto: se establece que ninguna ley de presupuesto general podrá contemplar un resultado financiero negativo.
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Sanciones penales: los funcionarios nacionales que incumplan estas disposiciones podrán ser castigados con penas de 1 a 6 años de prisión.
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Rol del jefe de Gabinete: queda habilitado para aplicar ajustes inmediatos si caen los ingresos o suben los gastos, a fin de restablecer el equilibrio fiscal.
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Condicionamiento de leyes con gasto: cualquier norma que genere erogaciones no previstas en el presupuesto solo entrará en vigencia cuando se incluyan partidas específicas en el ejercicio fiscal siguiente, salvo que se aseguren recursos concretos y suficientes desde el inicio.
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Informes obligatorios: todos los proyectos deberán contar con un análisis de impacto presupuestario de mediano plazo, elaborado por el Ministerio de Economía (si es iniciativa del Ejecutivo) o por la Oficina de Presupuesto del Congreso (si es legislativa).
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Nulidad de normas: se declara inválida cualquier disposición aprobada que contradiga los principios de la ley.
Claves políticas y económicas
El proyecto refleja la intención de Milei de institucionalizar el equilibrio fiscal como regla de hierro de la política económica argentina. No solo se busca limitar el déficit, sino también imponer un marco legal que obligue a legisladores y funcionarios a priorizar la sustentabilidad de las cuentas públicas.
En paralelo, la medida genera debate en el Congreso, donde opositores y aliados deberán definir si avalan una ley que implica ceder margen de maniobra en la política fiscal y endurece las responsabilidades penales de quienes gestionan el gasto público.